Por Kim Rüedlinger, socia HunterTrust Advisors.
Santiago, Chile. 19 noviembre, 2015. El 14 de julio recién pasado se aceptó modificar el actual sistema tributario, dando inicio a una serie de juicios y dudas, en especial por parte de las empresas, respecto de lo que plantea la nueva Reforma Tributaria. En lo medular, ésta dice ser un sistema opcional de tributación que implica que las empresas pequeñas podrán decidir a qué régimen acogerse (renta atribuida o renta percibida). Eso, mientras que las grandes empresas tendrán que pagar un 27% sobre las utilidades percibidas (renta percibida).
A nivel internacional, el Banco Mundial asegura que esta reforma tendrá un impacto positivo en la redistribución del ingreso en Chile, ya que los impuestos aplicados al tabaco y alcoholes reducen el ingreso real de un 0,4% a un 0,45% del gasto en los hogares más pobres y un 0,17% a 0,25% en los hogares con ingresos más altos. De los ingresos obtenidos, finalmente, será el 20% de los hogares de mayores recursos los que aportarán un 30% de la recaudación adicional.
Un dato de no menor importancia es que los niveles de competitividad de Chile también podrían verse afectados, ya que la tasa de impuestos aplicada a las empresas es un factor determinante en esta medición. Lo claro es que no es asunto sencillo tener una visión clara de cómo se comportará el país frente a esta reforma. Sin embargo, es un riesgo que se corre siempre que se inserta un cambio de este nivel y de las consecuencias políticas, sociales y económicas que implica.
En este contexto, válido es preguntase, entonces, si realmente, en términos agregados, el beneficio del aumento en la carga impositiva y el cambio en las condiciones de mercado, que impactan directamente en los niveles de inversión externa y privada, es superior al beneficio derivado de un sistema de tributación que se orienta en reducir la desigualdad social. La respuesta es simple: cualquier análisis debe nacer de un estudio detallado de cuál es o cuáles son los propósitos de fondo tras esta reforma. Sólo así será posible justificar y más aún aceptar el cambio de la ley de manera homogénea.
