Santiago, Chile. 16 noviembre, 2016. Durante las últimas semanas hemos sido testigos de dramáticas escenas en torno al reajuste del sector público. Por una parte, los trabajadores han acusado al gobierno de abandonar a la clase trabajadora y traicionar sus bases. El gobierno, en tanto, ha mostrado cierta flexibilidad a la hora de negociar, pero se ha mantenido inamovible respecto del límite presupuestario previsto. Los políticos, por su parte, no lo han respaldado y, en la última votación en la Cámara de Diputados, un porcentaje importante de ellos pareció no tener opinión sobre la materia absteniéndose de votar. Y en medio se encuentran los ciudadanos, principales víctimas de este acrecentado conflicto, quienes se han tenido que conformar con turnos éticos reservados sólo para atenciones de urgencia en servicios tan importantes e impostergables como son la salud y los trámites civiles, entre otros.
Tratando de entender la posición del gobierno, encabezado por su ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien se ha mostrado firme y inalterable respecto del presupuesto disponible, se me ocurren dos razones que podrían justificar su actuar: la equidad social y la responsabilidad fiscal.
Respecto de la equidad social, esta se sustentaría en que a través del tiempo, paros y negociaciones, el sector público ha ido mejorando sustancialmente sus ingresos, los que se encuentran en promedio un 32% por sobre los ingresos percibidos por el sector privado, incluso después de haber considerado variables de ajuste tales como edad, educación, ubicación geográfica y sexo. Estas diferencias son transversales, registrándose también en los percentiles más bajos de ingreso, donde la diferencia entre los ingresos medios del sector público y el sector privado se eleva a 24%. En esta materia Chile no sería una excepción, trascendiendo las brechas entre los ingresos del sector público y privado a muchos países del mundo, tales como Grecia, Italia, Portugal y España, donde a pesar de subsistir distintos esquemas de negociación se observa persistentemente un sector público más poderoso y mejor remunerado.
Por otra parte, respecto de la responsabilidad fiscal, esta se fundamentaría en que los recursos son acotados y cualquier aumento adicional en el reajuste del sector público implicaría un ajuste a la baja en otras partidas. Esto resulta aún más relevante, si se considera que los recursos serían insuficientes para cumplir con los compromisos previstos para los años 2018, 2019 y 2020, donde los ingresos estimados se prevén menores a los gastos comprometidos, proyectándose un déficit creciente para dicho período el que pasaría de US$ 382 millones en 2018 a US$ 784 millones en 2020.
Así, a la luz de estos antecedentes, resulta más que comprensible la postura intransigente que ha mostrado el ministro respecto del límite del presupuesto asignado al reajuste, y no deja de sorprender la posición adoptada por algunos parlamentarios, especialmente la de aquellos que se han abstenido de votar. Ellos fueron elegidos justamente para representar la posición de sus electores, y más allá de sus cálculos políticos de corto plazo deberían ser capaces de tomar una posición responsable e informada al respecto. Con todo, es de esperar que en los próximos días vuelva la cordura al Congreso y asistamos a la aprobación de un reajuste que sea justo no sólo para el sector público, sino para todo el país …
