Santiago, Chile. 18 enero, 2017. Durante esta semana la Comisión Nacional de Productividad presentó su primer informe sobre productividad: “La Productividad en Chile, Una Mirada de Largo Plazo”, y como era de esperarse las noticias no fueron buenas. En él se confirmó que la productividad prácticamente no ha aportado al crecimiento de la economía nacional durante los últimos 15 años, registrándose una caída transversal a todos los sectores, con excepción de los sectores Comercio y Servicios. La caída más significativa y relevante se registró en el sector minero, en que la tasa de crecimiento promedio anual de la productividad de los factores pasó de 2%, en el periodo 1990-2000, a menos 9% en el periodo 2000-2015. Y aunque la documentación sobre la disminución de la productividad en nuestra economía ha sido ampliamente divulgada y es conocida por todos, las cifras no dejan de sorprendernos por la robustez de los resultados, la extensión del análisis realizado, y la mirada de largo plazo del fenómeno.
Así, la productividad se vuelve un desafío impostergable. Sin ganancias de productividad será muy difícil sostener niveles más altos de crecimiento. En efecto, en la década del noventa cuando el país crecía a tasas en torno al 6% anual, la productividad aportaba cerca del 40% de este crecimiento, en cambio, en los últimos 15 años, en que el país ha crecido a tasas en torno al 4%, su aporte ha sido prácticamente nulo, con dos tercios aportados por el capital y un tercio aportado por el trabajo.
La pregunta es entonces ¿Qué hacer para aumentar nuestros niveles de productividad?
Esto fue lo que tratamos de dilucidar un grupo de economistas de amplio espectro de pensamiento que paradójicamente, al mismo tiempo que la Comisión de Productividad presentaba su Informe, discutíamos sobre qué políticas se debían emprender para impulsar el desarrollo productivo en Chile en un taller organizado por el Instituto de Emprendimiento de la Universidad del Desarrollo. La discusión giró en torno a cuatro propuestas de consenso que fueron presentadas en esta oportunidad: i) la realización de un catastro y evaluación de los programas de apoyo desarrollo productivo vigentes; ii) la generación permanente de instancias de diálogo y colaboración público- privada; iii) la creación de una Oficina Nacional de Competitividad; y iv) la modernización de Corfo y Conicyt. Donde existió menos consenso, en tanto, fue en relación a si sólo circunscribir la participación del Estado a políticas horizontales que favorecen a todos los sectores o también incorporar políticas verticales que privilegien a sectores específicos.
En este sentido, mi percepción es que existe un conjunto de iniciativas que se podrían comenzar a abordar desde ya. Entre estas se encuentran: la modernización del Estado, tenemos una estructura institucional anticuada y muy rígida que impide que los gobiernos puedan desempeñar sus labores de manera adecuada; la mejora de las relaciones laborales al interior del Estado, el país no podrá avanzar si los trabajadores públicos se paralizan sistemáticamente con huelgas que además son ilegales; el resurgimiento de un programa de concesiones, que estimule la inversión en infraestructura pública y reduzca los costos de logística; y la desregulación de los mercados, que permita la difusión de iniciativas como la de UBER que eliminó el cuello de botella que había en los servicios de taxis permitiendo que más gente pudiese disponer de dicho servicio a tiempo y a costos razonables.
Ojalá que los equipos económicos de los candidatos presidenciales revisen estos estudios, se alimenten de este tipo de discusiones y asimilen la importancia que reviste gatillar un cambio en el rumbo que ha tomado la productividad en nuestro país. De lo contrario, arriesgamos que el anhelo de convertirnos en una economía desarrollada no sea más que eso, un simple anhelo.
