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Polémica ley de vigilancia para el Reino Unido

Londres, Inglaterra. 6 noviembre, 2015. Desde que Edward Snowden revelase en el verano de 2013 documentos secretos acerca de los programas de espionaje de la NSA, a lo largo de todo este tiempo ha ido creciendo la importancia de la seguridad y la privacidad de las comunicaciones de los usuarios, aunque a pesar de ello, siguen apareciendo nuevos frentes a los que desde las organizaciones pro-privacidad deben combatir, siendo uno de los últimos en aparecer el nuevo proyecto de ley de vigilancia de las comunicaciones que el Gobierno de David Cameron quiere llevar a cabo y por el cual, entre otras medidas, recoge que los operadores de servicios de telecomunicaciones del Reino Unido deberán guardar durante todo un año la actividad de sus usuarios, incluyendo los servicios visitados y las aplicaciones que se utilicen para conectarse desde cualquier dispositivo, así como sus respectivas horas.

Seguridad - Privacidad - David Cameron

El primer ministro, David Cameron, aseguró que el almacenamiento de las comunicaciones es «absolutamente esencial» para las investigaciones de la policía y de los servicios de seguridad.

En caso de que el gobierno requiera esa información, las empresas deberán proporcionarla.

Durante la presentación en el Parlamento, el primer ministro, el conservador David Cameron, aseguró que el almacenamiento de las comunicaciones es «absolutamente esencial» para las investigaciones de la policía y de los servicios de seguridad.

Pero este proyecto de ley va más allá y también recoge la posibilidad de que el Estado pueda hackear dispositivos como puedan ser PCs y teléfonos móviles al objeto de poder recopilar el mayor número de datos posibles conforme vayan estando disponible en Internet para hacer frente a crímenes y delitos de terrorismo.

La propia ley, actualmente en fase de borrador, recoge además otras medidas con el que pretende ofrecer una serie de garantías, entre las que se encuentran que la policía no pueda acceder a las fuentes periodísticas salvo orden judicial, la prevención de la vigilancia de las comunicaciones de los parlamentarios o la potestad que se otorgan a los jueces para bloquear operaciones de espionaje autorizados por el Ministerio del Interior, entre otros.

«Un registro de conexión a Internet es un registro de comunicaciones que una persona ha utilizado, no un registro de todas las páginas web a las que ha accedido», aclaró la ministra en respuesta a las críticas provenientes de diversos sectores.

La oposición laborista calificó el proyecto de ley de «duro revés a los derechos civiles», mientras que organizaciones defensores de derechos civiles y humanos también rechazaron la propuesta.

La investigadora Alice Wyss, de Amnistía Internacional, advirtió de que dar «mayores poderes para husmear haría que el Reino Unido tienda a convertirse en un Estado de vigilancia».

«La vigilancia debería ser selectiva, no indiscriminada, y el sistema debería estar controlado por instancias independientes, no por políticos», agregó Wyss.

Como era de esperar, las criticas al nuevo proyecto de ley, que todavía tiene que pasar por ambas cámaras, han llegado desde diferentes frentes, entre ellos, desde el director de la campaña por los derechos civiles de la libertad, Shami Chakrabarti, que considera la nueva ley como “un ataque impresionante en la seguridad de Internet de cada hombre, mujer y niño en nuestro país”. Por el otro lado, desde los servicios de seguridad tratan de incidir que la obtención de grandes cantidades de datos permitirá rastrear a terroristas o delincuentes extranjeros sospechosos que puedan ser considerados como una amenaza para el Reino Unido. Se puntualiza además que las autoridades no podrán acceder al historial de toda la navegación, sólo a los “datos básicos”.

En cualquier caso, de aprobarse este proyecto de ley, el costo para los usuarios y empresas sería de unos 247 millones de libras a lo largo de los próximos 10 años.

Los funcionarios británicos que defienden la propuesta argumentan que es necesario introducir cambios a una legislación que data de 1995, cuando Internet aún no era comercial.

En la actualidad, las fuerzas de seguridad pueden escuchar las conversaciones telefónicas e interceptar correos electrónicos, previa autorización de las autoridades del Ministerio de Interior y siempre que sea por razones de seguridad nacional.

No nos cansamos de repetir las sabias palabras de Benjamin Franklin, que cada dia cobran mayor importancia, “aquellos que entregan su libertad a cambio de seguridad no tendrán, y no merecen ninguna de las dos”.

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