Santiago, Chile. 25 octubre, 2018. Chile es prácticamente el único país occidental que aún asigna el espectro radioeléctrico a las operadoras de telecomunicaciones con el opaco método del beauty contest o concurso de belleza. Este sistema valora el compromiso de cumplimiento de contraprestaciones del oferente tales como cobertura o velocidad de despliegue. De esta manera, las empresas participantes obtienen arbitrariamente mayor o menor puntuación en base a estos compromisos. Sin embargo, en los últimos concursos nacionales todas las empresas participantes han aceptado las contraprestaciones solicitadas en las bases del concurso, obteniendo así una puntuación máxima y su cuota de espectro prácticamente gratis.
El costo de los requisitos exigibles a los operadores en los concursos de belleza es desconocido para la autoridad, existiendo una gran asimetría de información. Si las empresas postulantes han estado dispuestas asumir este costo, presentándose al concurso, entonces muy probablemente también estarían dispuestas a pagar más que eso por el uso del recurso mediante una subasta. De lo contrario, no habrían participado en el concurso. En otras palabras, el Estado está subsidiando a las empresas al asignarles un bien escaso de uso público a un valor menor al de mercado. Ha llegado la hora de cambiar este método por las subastas al mejor postor.
En segundo lugar, no existe evidencia empírica a nivel de países que demuestre que las subastas sean responsables de menores inversiones, cobertura, calidad de servicio ni mayores precios al consumidor. Al día siguiente de la subasta el precio pagado pasa a ser costo hundido para los ganadores. De ahí en adelante, manda la oferta y la demanda por los servicios, como en cualquier mercado competitivo.
Por otra parte, la subasta, si está bien diseñada para evitar la colusión de los oferentes, es un medio de asignación transparente y justo que otorga certeza jurídica al adquirente y valida la creación de un mercado secundario del espectro.
Por último, la recaudación de la subasta puede ser utilizada por el Estado para acortar la brecha digital mediante subsidios a los sectores de menores ingresos, sin tener que recurrir a otros recursos fiscales. De esta manera, los recursos obtenidos por la subasta vuelven al mercado de las telecomunicaciones, premiando a las empresas más competitivas. No obstante, es requisito también definir normas de compartición de infraestructura entre los operadores. Subastas o concursos de belleza favorecerán siempre a las empresas incumbentes poseedoras de la infraestructura existente. Sin una política robusta de desagregación de infraestructura y servicios, cualquier método de asignación del espectro lo dejará en las mismas manos. Sería muy difícil la entrada de nuevas empresas al sector, e inconveniente para el país, replicar estas inversiones.
Además, Chile debería reducir el plazo de las concesiones espectrales de los 30 años actuales a 15, por ejemplo, el promedio actual en Europa. El ritmo de cambio y de innovaciones tecnológicas impone plazos mucho más cortos para reasignar el espectro a estas nuevas posibilidades.
